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Nota del editor: Esta nota es escrita por Armando Ocampo, Abogado por la UNAM, maestro de Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, activista y defensor derechos humanos y población LGBTTTI, Profesor de Cátedra por el ITESM en Campus, Santa Fe. Las opiniones son responsabilidad del mismo.

Regresaba los primeros días del mes de noviembre de 2015, de un viaje por Sudamérica con quienes en ese momento creía eran “amistades” entrañables, orgulloso de una carrera de casi 14 años de esfuerzos, con fecha de boda con mi actual esposo Sergio y en plena candidatura para ser promovido a socio capitalista de la Firma Legal de Abogados y Contadores Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C. (CRZ), en unicornio de hacienda puedo presumir ya la libertad de decirlo. 

Fui sorprendido abruptamente el 9 de noviembre de 2015 por Manuel Sainz Orantes, socio director de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C. (CRZ) con la coacción de tener que firmar una “renuncia voluntaria por así convenir a mis intereses” mediando uso de amenazas y chantaje si es que decidía exigir mis derechos, pues mi carrera profesional quedaría destruida.

Foto: Cortesía

Las razones del despido eran por “mis temas personales” que nada tenían que ver con mi capacidad técnica, resultados, liderazgo y desempeño de abogado, entiéndase en lenguaje abogadil: tener a un socio abiertamente homosexual y próximo a casarse públicamente con su novio es incompatible con la “Tradizional” Firma Legal cuyo Manual de Procedimientos Internos obliga a conducirse con seriedad y discreción. Crucé la línea corporativa sutil y me expuse al “libertinaje” escandaloso del matrimonio igualitario.

El 6 de julio de 2016 presenté una queja por discriminación ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), esperando contar con el apoyo de una autoridad imparcial y eficiente. 

El 6 de septiembre de 2016, CRZ contestó mi denuncia negando los Hechos de discriminación, argumentando que carecía de testigos aunque adjuntando las evaluaciones de desempeño de los últimos 6 años, apreciándose mis resultados objetivos de facturación y cobranza, así como los comentarios positivos del desempeño profesional en mi carrera al interior de la Firma, siendo que no había discriminación alguna al momento de ser evaluado al interior.

Para desgracia de CRZ, contaba con los audios del despido injustificado los que fueron reproducidos y transcritos por personal del CONAPRED el 5 de diciembre de 2016: la realidad quedaba descubierta.

El 14 de octubre de 2016, paralelo al procedimiento administrativo de denuncia, presenté una demanda civil de daño moral por discriminación y homofobia ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, que correspondió conocer al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil, en trámite.

Contaba con buenas posibilidades de éxito en la CONAPRED, ya que tenía las pruebas legales para demostrar el acto de discriminación: los audios del despido aduciendo mis temas personales, las evaluaciones de desempeño favorables, no existiendo ninguna razón para ser excluido y la contradicción de CRZ en ocultar los hechos a su conveniencia.  

El 25 de enero de 2017, desencajado fui notificado de la resolución administrativa que resolvía mi caso como de “no discriminación”. Las razones en esencia: el citarse temas personales es subjetivo y ambiguo, lo que no logré desvirtuar en el procedimiento, teniendo la carga de la prueba de la homofobia explícita, siendo que el tema relativo a la violencia psicológica correspondía analizar a cargo del Juez Civil. El Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicable a estos casos de homofobia plasmado en tinta blanca, o sea: LETRA MUERTA.

Desde luego, la resolución del CONAPRED no era definitiva y procedí a demandarlos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) por indebida apreciación de los Hechos. Las represalias del CONAPRED no tardaron en llegar, ya que las copias de las evaluaciones que solicité se mandaran como prueba al Juzgado Civil llegaban “editadas”, en las partes sensibles (a CRZ desde luego), es decir, suprimidas para que no hicieran prueba a mi favor en el juicio civil.

Al negarse injustificadamente tras varios requerimientos Judiciales para expedir las copias de esas evaluaciones, comparecí ante el CONAPRED el 29 de abril de 2017. Sorpresa: el expediente había sido alterado, respecto a dichas evaluaciones afectando mi defensa en el juicio civil. Levanté una acta haciendo notar la mutilación, con la consecuencia lógica que se volvieran a obtener esas evaluaciones de desempeño provenientes de CRZ.

Ante ello, recibí un oficio del CONAPRED ordenando se reaperturaba el procedimiento para que CRZ contestara nuevamente mi denuncia de actos de discriminación. Asimismo, el CONAPRED ante dicha reapertura solicita al Juez Civil que debía dejarse sin valor probatorio cualquier prueba que hubiese obtenido del expediente del propio CONAPRED, privándome de las pruebas aportadas.

Lo que derramó mi capacidad de asombro fue que el CONAPRED exigió al TFJA que el juicio administrativo interpuesto en su contra debía dejar de conocer del mismo, pues había discrecionalmente resuelto reaperturar el procedimiento, pretendiendo sustraerse de la acción legal que interpuse en su contra.

El favoritismo y parcialidad de una autoridad en México hacia el poderoso no sólo llenaba mi imaginación como el ADN de cualquier mexicano, sino que quedaba escrito, era evidente y sólo me quedaba legalmente intentar detener esta situación. 

Paralelo a ello, CRZ obtiene una suspensión en amparo para que no se reproduzcan los audios del despido en el Juicio Civil, pues afectaría su derecho de confidencialidad y secrecía de lo que sucede al interior de sus oficinas, debiendo prevalecer el anonimato, siendo que debe existir consentimiento en el acto para ser grabado en su domicilio; desde luego, olvida lo que establece la Constitución Federal.

Por toda esta situación en el evento programado en la UNAM por parte del CONAPRED a manera de “autoelogio” en el inicio de la semana vs la Homofobia, el 16 de mayo de 2017, increpé a la Presidenta del CONAPRED Alejandra Haas, externando la serie de irregularidades expuestas y que había promovido nuevas acciones legales en su contra; ahora, por desvío de poder y corrupción al alterarse el expediente y litigar a favor de CRZ en un juicio civil ajeno al CONAPRED, qué interés particular tienen en que pierda, me pregunté.

Más allá de haberme escuchado en forma privada después de ese evento no obtuve más de Haas. El panorama era gris, el que denuncia se está viendo rebasado por la autoridad que supuestamente debe protegerlo y por el agresor obteniendo favoritismos ilegales.

En semanas pasadas, obtuve una sentencia definitiva favorable por parte del TFJA que paraliza el acto de corrupción del CONAPRED, ordenándole que se abstenga de seguir con la irregular reapertura del procedimiento, siendo que el juicio administrativo que interpuse en su contra debe de seguir, no obstante, la clara intención de beneficiar y litigar a favor de CRZ en juicio civil ajeno. Es un respiro y el primer manotazo con revés legal y manchas de esmalte al rostro del CONAPRED para ajustarse al principio de imparcialidad, legalidad y debido proceso (si me permiten la expresión sigo embargado de felicidad).

En octubre de este año, espero con ansias tanto la resolución judicial vs el CONAPRED de parte del TFJA, así como que no prospere el amparo de CRZ para evitar se reproduzcan los audios del despido, puedan fungir como prueba en el juicio civil por homofobia promovido en su contra y se reanude el mismo, como en toda guerra, hay batallas que se ganan y se pierden, pero el saldo es nada para nadie la moneda de la discriminación está en el aire. Hago lo posible por ganar, confío en que los Tribunales no tolerarán nuevos favoritismos irregulares.

Aclaro que no todo es malo en CONAPRED: sus oficinas accesibles en Polanco, las reuniones en Facebook LIVE son enriquecedoras en el piso de la “Paz”, utópicas en cuanto a que se está combatiendo en los hechos toda discriminación, campañas de familias diversas en redes son ilustrativas y eso sí, muy bien producidas, pero en los temas de resolución de casos en controversia en concreto, al momento de actuar en el día a día y cerrar brecha contra la discriminación, asistir desde luego a la comunidad LGBTTTI y haber leído al menos ya no digamos aplicado el Protocolo de la Suprema Corte para resolver este tipo de casos controversiales: juzguen ustedes.

Tuve la fortuna de conocer personas entrañables, solidarias y que me tendieron su mano, como es Patria Jiménez, Cristian Galarza, entre otros miembros del Comité IncluyeT y activistas, periodistas, funcionarios y amigos entrañables que por espacio obvio sus nombres, pero agradezco su aportación, el tiempo de escucharme, aconsejarme, externarme su fuerza y apoyo.

La marcha del orgullo LGBTTTI fue un shot de energía y recordó que somos una comunidad que está vigente, nadie nos regala nada y con colores, vestidos, tacones, pelucas, en fiesta o sobre un caballo, cada quien lucha desde su trinchera, teniendo como común denominador exigir y demandar nuestros derechos, aquí estamos y no nos iremos para infortunio del Frente Nazional por la Familia (en este momento, ya me hubiera el Sr. Daboub tapado la boca)

Hoy 6 de julio de 2017, cumplo un año de iniciar una batalla legal en Tribunales y estoy determinado llegar a la Suprema Corte de Justicia con el fin de honrar a mi familia, mi esposo, mi profesión como abogado y a esta vasta, diversa y cada vez más exigente comunidad LGBTTTI. Me despido diciendo que el presente solo tiene la intención de explicitar la actuación sobresaliente del CONAPRED en casos contenciosos, no sin antes agradecer a SoyHomosensual que fue el primero en abordar mi caso.

En pasillos de Tribunales como en cada Marcha del Orgullo LGBT, seguro nos vemos.

Y tú ¿qué opinas?